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Coordinadora de contenidos y proyectos en Estudios Sociales de Colombia
La propuesta del presidente Gustavo Petro de comprar hoja de coca en El Plateado, Cauca, una de las zonas con mayor área de cultivos, busca darle un uso alternativo como fertilizante. Sin embargo, la idea ha suscitado controversia debido a la falta de un plan detallado y al riesgo de incentivar un mayor cultivo sin soluciones estructurales que resuelvan los desafíos asociados.
Para comprender el trasfondo de esta problemática, es esencial considerar el papel histórico y cultural de la hoja de coca, una planta de profundo valor ancestral, cuya historia sigue resonando en el presente de Colombia.
En sus orígenes, la hoja de coca fue fundamental en las prácticas culturales y médicas de las comunidades indígenas de América Latina. Valorada por sus propiedades energéticas, medicinales y espirituales, la coca se consideraba un alimento y medicina esencial.
Sin embargo, con la llegada de los colonizadores españoles surgió una percepción diferente. Aunque la coca resultó útil en labores mineras y agrícolas, la Iglesia Católica intentó limitar su uso, considerándolo supersticioso y “diabólico”. En el Concilio de Lima de 1567, se formalizó este rechazo, estableciendo las primeras restricciones al consumo de la planta.
La percepción de la coca cambió drásticamente en el siglo XIX, cuando el químico alemán Albert Niemann aisló la cocaína en 1860. Este descubrimiento despertó el interés de la medicina europea y estadounidense, e incluso llegó a utilizarse en tratamientos psiquiátricos en Colombia a inicios del siglo XX.
Figuras como Sigmund Freud defendieron su uso para aliviar el dolor y la depresión, lo que popularizó la cocaína en medicamentos, bebidas y otros productos. No obstante, los efectos adictivos y perjudiciales de la cocaína no tardaron en evidenciarse.
A finales del siglo XIX y principios del XX, varios países, incluyendo Estados Unidos, empezaron a regular el consumo de cocaína. En 1914, la Ley Harrison limitó su venta, marcando el inicio de la regulación moderna de drogas.
En Colombia, la regulación comenzó en 1920 con la Ley 11, que introdujo restricciones sobre sustancias adictivas, aunque sin prohibir directamente el cultivo de coca. Más adelante, la Ley 45 de 1946 y el Decreto 896 de 1947 ilegalizaron el tráfico de hoja de coca, reflejando una creciente preocupación por los efectos de la cocaína en la salud pública.
La prohibición internacional se consolidó en 1961 con la Convención Única sobre Estupefacientes, que restringió el cultivo y uso de la coca a fines médicos y científicos, exigiendo la erradicación de cultivos ilegales y criminalizando incluso la masticación de la hoja, una práctica cultural en la región andina.
En las décadas de 1980 y 1990, el problema del narcotráfico en Colombia se agudizó con el auge de la cocaína como exportación ilícita, alimentando el conflicto interno y fortaleciendo a cárteles violentos como los de Medellín y Cali. Estos grupos no solo dominaban el mercado, sino que también minaron las instituciones estatales mediante corrupción y violencia.
El narcotráfico ha generado consecuencias significativas en Colombia. Primero, ha incrementado la violencia y la criminalidad, exacerbando el conflicto armado interno, ya que grupos ilegales disputan el control territorial en zonas productoras de coca. Segundo, ha obstaculizado el desarrollo social y económico en comunidades rurales, donde el 87,3% de la población sufre pobreza multidimensional.
Además, las políticas antidrogas, como el Plan Colombia, han afectado a los agricultores que dependen de la coca, desencadenando un ciclo de criminalización y represión. Finalmente, el narcotráfico ha debilitado las instituciones estatales, fomentando la corrupción y la impunidad.
La “guerra contra las drogas” liderada por Estados Unidos y políticas como el Plan Colombia impulsaron la erradicación forzada y la fumigación aérea, provocando resistencia en las comunidades rurales y afectando duramente a los campesinos dependientes de la coca. En respuesta, países como Bolivia y Perú han empezado a diferenciar entre la hoja de coca y la cocaína, desarrollando mercados legales para productos no narcóticos derivados de la planta.
En Colombia, el Acuerdo de Paz de 2016 abrió una puerta para la regulación de la coca con fines económicos y sociales, permitiendo a las comunidades explorar productos legales como alimentos y cosméticos. Sin embargo, persisten barreras legales y estigmas que limitan su potencial en el desarrollo económico del país.
Esta situación se relaciona con dos temas actuales: el cuestionamiento de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, sobre las cifras anuales de cultivos de coca, que según la ONU han aumentado, y la propuesta del presidente Petro de establecer un marco legal para que el Estado compre hoja de coca con fines distintos a la producción de cocaína.
No obstante, esta propuesta enfrenta el riesgo de incentivar nuevos cultivos en un contexto donde el modelo agroexportador ha exacerbado conflictos no resueltos sobre la propiedad de la tierra.
La relación de Colombia con la hoja de coca es compleja y tiene múltiples implicaciones para las comunidades locales. Por un lado, la coca es un recurso ancestral de gran valor para las comunidades indígenas; por otro, la criminalización de la planta ha atrapado a muchas de estas comunidades en un ciclo de pobreza y violencia vinculada al narcotráfico.
La posibilidad de un uso no narcótico de la hoja de coca representa una oportunidad para su revalorización, pero requiere un plan coherente y sostenible que respete tanto la cultura como las necesidades económicas de estas poblaciones. La experiencia de Bolivia y Perú en la legalización de la coca para usos no narcóticos podría ofrecer lecciones relevantes para el caso colombiano.
Rojas, Laura. Historia de la prohibición de la hoja de coca. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2292612.pdf
Ospina Ortiz, Andrea Marcela. La Hoja de Coca: Hacia un mercado potencial en Colombia. Monografía de grado, Universidad Santo Tomás, 2022.
Zuleta, Hernando. “Coca, cocaína y narcotráfico.” Mimeo, Universidad de los Andes, 2016.
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