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Coordinadora de contenidos y proyectos en Estudios Sociales de Colombia
La evolución de la política migratoria de Estados Unidos revela una contradicción fundamental: la dependencia económica en la migración coexiste con una postura cada vez más restrictiva, marcada por el racismo institucional, el pragmatismo económico y el control fronterizo.
Este análisis examina cómo estas políticas han impactado a millones de migrantes, en particular a los mexicanos, y cómo han sido influenciadas por diversos contextos históricos y económicos.
Desde la Doctrina Monroe (1823) y el Destino Manifiesto, la expansión territorial de Estados Unidos fue impulsada por una ideología que legitimaba la anexión de territorios como Texas, Nuevo México y California, tras la guerra con México (1846-1848).
Este proceso no solo alteró las fronteras, sino que estableció una relación de subordinación hacia las comunidades originarias y mexicanas en las tierras anexadas. Las bases culturales y raciales de esta expansión reflejaron una visión de superioridad que marcaría las políticas migratorias en los años posteriores.
Simultáneamente, la industrialización promovió la inmigración para cubrir la demanda creciente de mano de obra. Sin embargo, en 1882, la Ley de Exclusión China impuso restricciones que manifestaban un racismo institucional, excluyendo a los inmigrantes asiáticos y favoreciendo a europeos considerados “asimilables”.
Estas leyes tempranas sentaron las bases para una política de selección étnica que perpetuó la explotación laboral de algunos grupos y la exclusión de otros, estableciendo una jerarquía racial en el ámbito laboral estadounidense.
Con la Ley de Cuotas de 1921 y la Ley de Inmigración de 1924, Estados Unidos formalizó su política de “americanización” mediante un sistema de cuotas que limitaba la inmigración de regiones no europeas y excluía completamente a los asiáticos.
Este sistema buscaba construir una nación “homogénea” en términos raciales y culturales, reforzando la discriminación e instituyendo la Patrulla Fronteriza como un mecanismo de control. Aquí se consolidó la política de exclusión racial, estableciendo un modelo que influiría en las prácticas migratorias hasta el presente.
El Programa Bracero (1942-1964) se implementó durante la Segunda Guerra Mundial para suplir la falta de trabajadores en el sector agrícola e industrial. Aunque ofreció oportunidades laborales a migrantes mexicanos, también ilustró un modelo de explotación en el que el trabajador extranjero solo tenía valor en función de su utilidad económica.
Las condiciones laborales precarias y la falta de derechos laborales reflejaron un pragmatismo que priorizaba las necesidades económicas del país sobre los derechos humanos de los migrantes, quienes quedaron en situación irregular tras la finalización del programa.
La Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA) de 1986 introdujo un cambio dual. Por un lado, ofreció amnistía a 2.7 millones de indocumentados, permitiéndoles regularizar su estatus; por otro, sancionó a empleadores que contrataran trabajadores sin documentos, con el fin de controlar la oferta laboral sin abordar las causas profundas de la migración.
Aunque IRCA brindó regularización, también reforzó un enfoque punitivo, trasladando la responsabilidad a trabajadores y empleadores, sin enfrentar las desigualdades estructurales que impulsan la migración.
En los años 90, se intensificó la securitización de la frontera con operaciones como Gatekeeper (1994), que desviaron las rutas migratorias hacia zonas desérticas y montañosas, aumentando los riesgos y la mortalidad. Esta política de “cero tolerancia” trató a los migrantes como amenazas a la seguridad, mientras que leyes como la Proposición 187 en California buscaban negar servicios básicos a indocumentados, reflejando una creciente tensión entre derechos humanos y políticas de exclusión en el ámbito estatal.
Los ataques del 11 de septiembre de 2001 vincularon la inmigración con la seguridad nacional. La Ley Patriota (Patriot Act) otorgó al gobierno amplios poderes de vigilancia y deportación de inmigrantes sospechosos de terrorismo, consolidando la percepción de la migración como una amenaza.
En 2005, la Ley Sensenbrenner (HR4437), aunque no fue aprobada, buscaba criminalizar aún más la migración indocumentada y movilizó a comunidades hispanas en rechazo.
Leyes como la SB1070 de Arizona (2010) y el programa DACA (2012) representan enfoques opuestos: uno restrictivo, que permitía a autoridades locales actuar como agentes migratorios, y otro protector, que ofreció un alivio temporal a jóvenes migrantes.
Aunque DACA fue un avance para algunos, la falta de una vía hacia la ciudadanía dejó a sus beneficiarios en una situación de vulnerabilidad continua. Estas políticas contradictorias reflejan una política migratoria fragmentada y sujeta a intereses políticos inmediatos, sin una visión de integración a largo plazo.
La administración de Donald Trump intensificó las políticas de exclusión y discriminación, especialmente contra ciertos grupos étnicos. Medidas como la exclusión de indocumentados del censo, el veto de entrada a países de mayoría musulmana (Travel Ban) y la aceleración de la construcción del muro fronterizo ilustraron un enfoque de “tolerancia cero” que priorizó el control y la exclusión sobre la integración y los derechos humanos.
Con la administración de Joe Biden, algunas políticas de Trump han sido revertidas, como la suspensión de la construcción del muro y la restauración de DACA. Sin embargo, aunque Biden ha adoptado un enfoque más humanitario, los desafíos de crear un sistema migratorio inclusivo persisten.
La falta de un camino hacia la regularización integral para millones de indocumentados y la continuación de políticas de deportación reflejan un intento de equilibrar control y derechos, aunque su impacto estructural sigue siendo limitado.
La política migratoria de Estados Unidos ha oscilado históricamente entre la explotación pragmática y la exclusión racista y securitaria.
Desde el siglo XIX, el país ha dependido de la migración para impulsar su economía, pero ha hecho poco para garantizar derechos y oportunidades de integración para los migrantes.
La falta de una política estructural de largo plazo refleja una visión de la migración como herramienta económica, susceptible de exclusión y criminalización en función de las necesidades políticas y económicas del momento.
A medida que el país enfrenta crecientes demandas de justicia migratoria, la historia de su política migratoria subraya la urgencia de una reforma integral que trascienda el control y se enfoque en una inclusión justa, equitativa y humana.
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Alex Munguía Salazar, La Política Migratoria en los Estados Unidos
Gobernación de México “La política migratoria en Estados Unidos: contrastes
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