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Coordinadora de contenidos y proyectos en Estudios Sociales de Colombia
La reciente declaración del presidente Gustavo Petro sobre un supuesto plan para asesinarlo ha reavivado un debate esencial: el papel violento y sofisticado de las instituciones de inteligencia en Colombia, que han funcionado en nombre del mantenimiento del orden público.
En un país donde la inversión en tecnología para la vigilancia ha superado la destinada a la extensión de servicios públicos básicos, es crucial examinar cómo ha evolucionado la policía a lo largo de la historia y su impacto en la sociedad colombiana, que ha estado marcado por la muerte y la persecución en la nación.
Las raíces de la policía colombiana se remontan a la época colonial, pero fue entre 1888 y 1891, bajo la dirección de Carlos Holguín, cuando se fundó formalmente la Policía Nacional. Su misión era clara: “conservar la tranquilidad pública”, “proteger a las personas y propiedades” y “prevenir y perseguir delitos”.
Sin embargo, además de estas funciones, la institución actuó como un mecanismo político para controlar y disciplinar a la sociedad, procurando regular tanto la conducta como la moral pública.
El origen de la inteligencia se remite a 1911 y 1912, cuando la policía comenzó a desarrollar métodos de inteligencia mediante técnicas como la antropometría, que incluía la medición del cráneo y el registro dactilar. Esta evolución hacia un enfoque preventivo buscaba identificar y categorizar a los “sujetos peligrosos” antes de que cometieran delitos, alimentando la sospecha y el prejuzgamiento.
El concepto de orden que buscaba la policía iba más allá de simplemente evitar disturbios. Como indica el teórico Neocleous, también reflejaba un temor de las autoridades hacia las clases populares, vistas como potencialmente peligrosas.
El temido descontrol de estas “clases peligrosas” se hizo evidente con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán en 1948 y el consiguiente “Bogotazo”, que desató un caos social y político sin precedentes. Este episodio no solo marcó una agudización de la violencia, sino que también dio paso a formas no estatales de resolución del conflicto.
La falta de herramientas adecuadas para abordar el problema del orden social resultó en una represión creciente durante la dictadura militar de Rojas Pinilla, donde se aplicaron prácticas tanto legales como ilegales para combatir a los simpatizantes de ideologías consideradas subversivas.
Estas prácticas incluyeron el uso arbitrario del sistema judicial, condiciones carcelarias severas, censura a la libertad de prensa y expresión, y el fortalecimiento de los servicios de inteligencia. El Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC), fundado en 1953, tenía como propósito salvaguardar la seguridad interna y externa del Estado, con personal desplegado en todo el país.
Se le asignaron amplias funciones, colaborando con el sistema judicial y realizando detenciones o dictando sentencias. Así se convirtió en un poderoso aparato represivo contra lo que se consideraba el “enemigo interno”.
Entre sus tareas también estaba el monitoreo de las actividades y tendencias políticas de periodistas, líderes sociales y figuras políticas, a través de seguimientos e interceptaciones telefónicas.
Sus archivos documentaban a aquellos considerados como potenciales subversores del orden constitucional, facilitando el avance de movimientos revolucionarios. Esta vigilancia se extendió incluso a figuras notables, como el director del diario El Colombiano, Fernando Gómez Martínez.
Con la instauración del Frente Nacional, el control y la vigilancia se mantuvieron, en gran medida debido al crecimiento de las guerrillas. Inspirados por la experiencia de Estados Unidos en la guerra de Corea, oficiales del ejército recibieron formación en inteligencia en ese país, lo que llevó a la creación del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia (BINCI) en 1964.
A partir de ese momento, se estableció una doctrina de inteligencia que se difundió a otras entidades, como el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), que reemplazó al SIC en 1960 y se convirtió en un actor fundamental en la represión política.
Este proceso abarcó el control político de las actividades de inteligencia y una creciente “institucionalización”, definiendo la coexistencia de organismos civiles y militares enfocados en el control social.
El DAS no solo actuaba como cuerpo de policía judicial, sino que también se involucraba en la vigilancia y control de la oposición política, lo que culminó en el escándalo de las “chuzadas” en 2009, donde se reveló la interceptación ilegal de comunicaciones de magistrados, políticos y líderes sociales.
Las declaraciones recientes del exmilitar José Leonairo Dorado Gaviria en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre diversos crímenes relacionados con la inteligencia militar en la década de los 80 revelan una larga tradición de vigilancia, represión y control, así como su directa responsabilidad con la verdad y reparación del país.
El desafío actual para Colombia es encontrar un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos, y repensar el papel de la policía en una sociedad en busca de paz y justicia. La historia nos ofrece lecciones valiosas sobre las consecuencias del uso del poder y la vigilancia en nombre del orden social.
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