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Coordinadora de contenidos y proyectos en Estudios Sociales de Colombia
La problemática de la tierra en Colombia es un capítulo fundamental de su historia social, política y económica. Desde la colonia, su distribución desigual ha determinado las relaciones de poder, perpetuando un sistema excluyente.
A pesar de los múltiples intentos de reforma agraria durante el siglo XX, la concentración extrema de tierras sigue siendo uno de los principales factores de desigualdad y conflicto en el país. Comprender por qué estas reformas fracasaron es esencial para imaginar soluciones efectivas a este problema histórico, en un país de tradición campesina.
El sistema de tenencia de tierras en Colombia tiene sus raíces en la colonia, cuando la Corona española distribuyó grandes extensiones a través de encomiendas y mercedes reales, así como los resguardos indígenas que limitaron el espacio para sus comunidades.
La independencia no transformó esta estructura: al contrario, las élites criollas consolidaron su poder territorial mediante políticas como la desamortización de bienes de manos muertas en el siglo XIX. Esta medida facilitó la transferencia de tierras comunales y religiosas a terratenientes privados, formalizando la transición del “latifundio eclesiástico al latifundio laico”.
Esta acumulación de tierras creó una élite agraria con gran control sobre las instituciones políticas y económicas. Este modelo, orientado a la exportación y al acaparamiento, estableció un marco de desigualdad estructural que ha presentado continuidad. La titulación de baldíos del siglo XIX sería el origen de grandes problemas posteriores.
En el siglo XX, Colombia emprendió tres reformas agrarias significativas: la Ley 200 de 1936, la Ley 135 de 1961 y la Ley 160 de 1994. Cada una buscó, desde distintos enfoques, enfrentar la concentración de tierras y promover un acceso más equitativo. Sin embargo, todas fueron neutralizadas por una combinación de factores estructurales: la resistencia de las élites, la debilidad institucional y la violencia rural.
La Ley 200, impulsada por Alfonso López Pumarejo, buscó regularizar el acceso a la tierra y garantizar su explotación productiva. Introdujo la figura de la extinción de dominio sobre tierras improductivas y fortaleció los derechos de los campesinos ocupantes.
Sin embargo, su implementación enfrentó una oposición implacable de los grandes terratenientes, quienes argumentaron que la ley violaba la propiedad privada. Además, la limitada capacidad del Estado para imponer estas disposiciones dejó gran parte de sus objetivos en papel.
La ley logró visibilizar la problemática agraria y sentar las bases de un debate nacional, pero no cambió las estructuras de poder en el campo. La concentración de tierras permaneció intacta, mientras el campesinado seguía enfrentando condiciones de precariedad.
En el contexto de la Guerra Fría y bajo la acción de Estados Unidos mediado por la Alianza para el Progreso, Colombia promulgó la Ley 135. Este intento creó el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), encargado de redistribuir tierras baldías y mejorar las condiciones de los campesinos mediante créditos y asistencia técnica. A pesar de su enfoque integral, la reforma fue saboteada desde dentro.
El Pacto de Chicoral de 1972, un acuerdo entre terratenientes y el gobierno, desmanteló los aspectos más transformadores de la ley. Se fortalecieron los derechos de los grandes propietarios y se limitaron las facultades del Incora para expropiar tierras improductivas. La reforma, que inicialmente prometía ser un cambio estructural, quedó reducida a un proceso simbólico, incapaz de modificar las relaciones agrarias.
La Ley 160 representó un cambio de enfoque, acorde con el auge del neoliberalismo. Se abandonó la expropiación como herramienta central y se introdujo un sistema basado en el mercado, en el cual los campesinos podían adquirir tierras mediante subsidios y créditos. Este modelo evitó confrontaciones directas con los terratenientes, pero también generó resultados limitados.
Las tierras ofrecidas eran de baja calidad y estaban ubicadas en regiones marginales, lejos de mercados e infraestructura básica. Además, el acceso a los subsidios fue desigual, beneficiando principalmente a grupos con mayor poder adquisitivo.
En paralelo, el conflicto armado y el narcotráfico exacerbaron la concentración de tierras, consolidando un modelo de acumulación basado en la violencia y el despojo. A pesar de la creación de Zonas de Reserva Campesina como una herramienta protectora, su implementación fue marginal.
El fracaso de las reformas agrarias en Colombia responde a una combinación de factores históricos y estructurales que han limitado su implementación y efectividad. Entre los principales obstáculos se encuentran la resistencia de las élites terratenientes, las limitaciones institucionales del Estado y el impacto de la violencia y el desplazamiento forzado, los cuales interactúan y refuerzan las desigualdades existentes en el campo.
Un sector importante de los grandes propietarios ha ejercido su influencia política y económica para evitar cambios que afecten sus intereses. Desde el Congreso, donde se moldearon leyes agrarias, hasta negociaciones con el Ejecutivo, las élites utilizaron herramientas legales y políticas para defender la estabilidad de la gran propiedad.
Si bien no todas las élites se opusieron activamente, los intereses económicos asociados a la concentración de tierras limitaron el alcance de las reformas redistributivas y las iniciativas de modernización agraria.
Por otra parte, el Estado colombiano ha enfrentado dificultades técnicas, financieras y administrativas para implementar políticas agrarias. Instituciones clave como el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) carecieron de los recursos necesarios para ejecutar sus mandatos de manera eficaz.
Además, la falta de continuidad en los programas, junto con presiones políticas de diversos sectores, contribuyó a que muchas iniciativas quedaran incompletas. A pesar de algunos avances, las capacidades del Estado resultaron insuficientes frente a la magnitud de los problemas estructurales en el campo.
Finalmente, el conflicto armado agudizó las desigualdades existentes en el acceso a la tierra. Los desplazamientos forzados de comunidades campesinas e indígenas permitieron la acumulación de tierras por parte de actores armados, economías ilegales y algunos sectores productivos.
Aunque el despojo no fue una política generalizada en todos los sectores económicos, su impacto consolidó patrones de exclusión y concentración territorial. Esta situación no solo afectó a los campesinos desplazados, sino que también dificultó la implementación de políticas agrarias en regiones con alta conflictividad.
Estos tres factores interactúan de manera compleja, haciendo que las reformas agrarias enfrenten múltiples desafíos. La persistencia de estos obstáculos evidencia la necesidad de un enfoque integral que aborde tanto las desigualdades históricas como las realidades contemporáneas del campo colombiano.
Los intentos de reforma agraria en Colombia muestran que el acceso a la tierra no puede abordarse únicamente desde un enfoque de redistribución. Según Darío Fajardo, es necesario implementar políticas integrales que incluyan infraestructura, acceso a mercados, educación y apoyo técnico para garantizar que los beneficiarios puedan aprovechar de manera sostenible las tierras adjudicadas.
La Reforma Rural Integral, planteada en el Acuerdo de Paz de 2016, representa una nueva oportunidad para enfrentar las raíces de la desigualdad agraria. Sin embargo, su implementación enfrenta resistencias similares a las que sabotearon las reformas anteriores. El éxito dependerá de la capacidad del Estado para enfrentar los intereses establecidos y construir un modelo rural incluyente y sostenible, que hasta ahora ha comprado casi el 10% de las hectáreas prometidas, para la redistribución.
La historia de las reformas agrarias en Colombia refleja una estructura de poder profundamente arraigada, donde los intereses de las élites han prevalecido sobre las demandas de mejores condiciones para el campesinado. Los fracasos acumulados no solo perpetúan la desigualdad, sino que también limitan el desarrollo del país y mantienen al campo en un estado de pobreza y violencia.
Fajardo Montaña, Darío. ¡Tierra, tanta y tan lejos!. Bogotá: Ediciones Uniandes, 2022.
Incora. Informe sobre la reforma agraria en Colombia. Bogotá: Incora, 1975.
LeGrand, Catherine. Colonización y protesta campesina en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1988.
Machado, Absalón. El problema agrario en Colombia. Bogotá: Editorial Ariel, 1986.
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