Hace casi una década conocimos a Liliana Caballero, dueña de Café Hacienda Casablanca, una empresa cafetera santandereana, reconocida por su calidad del café y su edificación de más de 150 años que representa el paisaje típico cafetero de la región.
Nuestro primer encuentro no fue por un “coffeetour”, fue debido a que éramos el encargado del proceso referente a la autovía Bucaramanga-Pamplona en apoyo al condominio Calatrava en Floridablanca, proyecto anunciado en el 2016 que consistía en un corredor de más de 133 km.
Liliana era una de las afectadas por dicho proyecto ya que le comprarían el terreno de la finca en donde se ubica Café Hacienda Casablanca para su posterior demolición, en esa época la empresa ya estaba en funciones y tenía trayectoria. Esta situación le generó incertidumbre y dudas de cómo proceder debido a la poca información recibida.
Para este proceso diseñamos una acción popular que integró a Café Hacienda Casablanca, los condominios que hacen parte del Valle Menzuly y a los campesinos de la vereda Sevilla y las planadas de Piedecuesta, quienes promovían la defensa de los cerros y el cuidado del medio ambiente. Esta se presentó ante el Tribunal Administrativo de Santander.
Durante alrededor de seis años hicimos la respectiva representación con una estrategia de litigio que incluía numerosas acciones, en los que se tomaron tres aspectos fundamentales para abarcar los frentes de riesgo:
- Acción judicial: la demanda ante el estado.
- Movilización de las comunidades afectadas: compromiso de los involucrados. Se creó el Comité para la Defensa de los Cerros Orientales, organización que tiene como objetivo la defensa de este ecosistema y la calidad de vida.
- Incidencia: se articuló la acción popular con funcionarios públicos que le daban especial sensibilidad a temas ambientales. Entre ellos estuvieron el procurador delegado para asuntos medioambientales; el congresista del partido verde, Fabián Plata; el representante a la cámara Partido Verde, Cristián Avendaño; y la concejal, Milady Tovar.
Asistimos a reuniones de seguimiento referentes a la licencia ambiental que había otorgado la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en la que se identificó que los estudios presentados eran insuficientes puesto que habían más nacimiento de agua de lo previsto.
Finalmente, después de todos nuestros esfuerzos y acompañamiento, este año, la Agencia Nacional de Infraestructura decidió declarar la caducidad del contrato.
Esta determinación es un logro de valor para nosotros dado que pudimos proteger a Liliana Caballero y las comunidades involucradas, permitiendo que continuaran con sus planes y sueños. Superamos el conflicto juntos. Además, en la actualidad sigue en funcionamiento el Comité para la Defensa de los Cerros Orientales, velando a la protección ambiental.
Estamos orgullosos de ser parte de quienes resuelven los problemas del país.
