Dentro de los primeros pasos de este proyecto de infraestructura fue el trámite de licenciamiento ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA- y sin mayores tropiezos lograron la licencia, aún cuando no se tenían claros los puntos finales de implantación de la obra, el inventario de nacederos y escorrentías, ni el lugar de compensación por afectaciones ambientales.

Las comunidades de Floridablanca, Piedecuesta y Bucaramanga presentaron sus inquietudes sobre el proyecto al quedar en evidencia las consecuencias negativas para la seguridad de los usuarios de la vía, los daños ambientales y el desproporcionado costo de implementación de la vía que implicaba la instalación de dos nuevas casetas de peaje.

Este proyecto fue objeto de dos procesos judiciales a través de acciones populares presentadas por la comunidad, aún así fue la falta de financiamiento privado el que hundió a Autovía – Bucaramanga – Pamplona S.A.S en el olvido.

Ninguna entidad financiera se quería juntar con el señor Carlos Solarte, condenado por la justicia colombiana en el marco de los procesos contra Odebrecht. La corrupción empleada para ganar contratos fue el lastre que le cerró las puertas ante el sistema financiero.

Después de una multa superior a los 6 mil millones de pesos y sin futuro a la vista, Autovía Bucaramanga – Pamplona a iniciado una serie de acciones judiciales en contra del Estado colombiano. Se plantea su salida de la región, sin embargo, nadie sabe muy bien quién pagará la factura del restablecimiento ecológico de los cerros de Floridablanca que sufrieron una merma en 5800 árboles que fueron talados durante la primera etapa constructiva de la unidad funcional C1-C2.

Los errores en la planeación del proyecto, y el afán por abaratar trazados sin plantear las afectaciones económicas, sociales y ambientales que ese tipo de decisiones trae, han dejado a Santander sin una conexión moderna a Venezuela, y con el pasivo ambiental sin recursos financieros.

En ESC seguimos liderando la protección de las comunidades que han confiado en nosotros la protección de sus derechos e intereses colectivos.