Luisa Fernanda Rincón Ardila
Asistente legal
En Colombia, la percepción de inseguridad por parte de los ciudadanos crece cada vez más. Así lo demuestran los resultados de la última encuesta de Seguridad y Convivencia Ciudadana, realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) en el año 2022, en donde según datos de esta entidad, la percepción de inseguridad en Colombia es del 52,9%, aumentando en 9 puntos en comparación con el año anterior.
Esto se suma a los datos de criminalidad otorgados por el Ministerio de Defensa en el año 2023, en donde se evidencia que la comisión de delitos como el hurto a personas, a residencias, el secuestro simple, entre otras conductas, ha aumentado significativamente en lo que va del año.
Si bien el Estado, en virtud de los artículos 2, 11 y 22 de la Constitución Política que consagran los fines del Estado, el derecho a la vida y a la paz, tiene el deber de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y velar por la protección de sus derechos fundamentales a través de Políticas de Seguridad y Convivencia, existen casos en los que este deber se incumple y puede llegar a surgir una responsabilidad del Estado por falla en el servicio.
¿Esto significa que el Estado es responsable en todos los casos de comisión de delitos? No, debido a que su deber se encuentra encaminado a prevenir y sancionar la comisión de los delitos y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, sin embargo, este no puede predecir la comisión de los mismos en todo momento, por lo que la responsabilidad solo puede surgir cuando se presenta una falla en la prestación de los servicios.
Esto se evidencia, por ejemplo, en los casos en los que los ciudadanos solicitan protección a las autoridades, ya sea porque consideran que su vida está en peligro, por persecuciones políticas o por constantes amenazas, entre otros casos, y las autoridades, siendo advertidas, deciden no brindar la protección y seguridad a aquellos que lo solicitan.
De igual forma, existen casos en los que por las deficiencias en la administración de justicia, personas que han sido declaradas culpables y condenadas por la justicia penal, se encuentran en libertad cometiendo delitos, por lo que, en este caso, es posible señalar que el Estado es responsable al no ejecutar las decisiones que él mismo profiere ni garantizar el cumplimiento de sus sentencias.
Cuando estas situaciones se presentan, existe el medio de control de Reparación Directa, que permite ejercer nuestros derechos y solicitar al Estado una indemnización por los daños causados.
Por esto es necesario analizar cada caso y determinar sí el Estado puede llegar a ser responsable. Si consideras que has sido una víctima de una falla del Estado y tu situación se enmarca dentro de las anteriormente mencionadas, no dudes en contactarte con nosotros, ya que a través del Taller Jurídico, ofrecemos servicios de asesoría jurídica y podemos acompañarte junto con especialistas en la materia, en el ejercicio de tus derechos.
