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Coordinadora de contenidos y proyectos en Estudios Sociales de Colombia
El pasado 11 de septiembre, falleció Alberto Fujimori, ex presidente del Perú, quien había pasado 16 años en prisión debido a su responsabilidad, directa o indirecta, en crímenes de lesa humanidad cometidos durante su extenso mandato, que se extendió desde 1990 hasta 2000. Quédese y le contamos el ascenso y la caída del poder de uno de los personajes más importantes para la historia política del Perú.
Antes de asumir la presidencia en 1990, Fujimori era un ingeniero agrónomo y rector universitario de ascendencia japonesa. Durante su campaña presidencial, prometió un avance tecnológico y económico, así como la mejora de las condiciones de vida de los campesinos, además de la erradicación de las guerrillas que alteraban el orden nacional.
Al igual que en otros países de América Latina, como Colombia y Guatemala, Perú enfrentó el surgimiento de guerrillas y grupos al margen de la ley, lo que afectó profundamente a la sociedad civil. La respuesta de Fujimori, como la de muchos otros líderes en la región, fue recurrir a la fuerza militar.
El 5 de abril de 1992, Fujimori disolvió el poder judicial y legislativo, apoyado por las fuerzas armadas, en un acto conocido como el “autogolpe”. Su objetivo era “moralizar la administración de justicia y las instituciones vinculadas a ella” y “pacificar el país dentro de un marco jurídico que garantice la aplicación de sanciones drásticas a los terroristas”.
En septiembre de 1992, se capturó y condenó a cadena perpetua a Abimael Guzmán, líder de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Esta acción revitalizó la imagen de Fujimori, que había sido dañada por sus reformas neoliberales. La captura de Guzmán debilitó significativamente al grupo armado y facilitó la firma de un acuerdo de paz.
Después de su reelección en 1995, Fujimori enfrentó una nueva crisis con el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que había asaltado la Embajada japonesa. Cuatro meses después, envió una incursión militar que resultó en la liberación de los rehenes y la muerte de los guerrilleros responsables.
A finales de 1999, Fujimori anunció su intención de buscar una nueva reelección, una decisión que fue criticada como una violación constitucional. Aunque ganó las elecciones, estas fueron denunciadas como fraudulentas por la Organización de Estados Americanos (OEA). Fujimori convocó nuevas elecciones y renunció, huyendo a Japón.
El 6 de noviembre de 2005, Fujimori fue arrestado en Santiago de Chile mientras intentaba regresar a Perú para postularse nuevamente a la presidencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos permitió superar la impunidad en Perú, y Fujimori fue acusado de corrupción y violaciones de derechos humanos, incluyendo los casos “La Cantuta” y “Barrios Altos”, que implicaron homicidio, secuestro, tortura y lesiones.
En noviembre de 2007, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú presentó una acusación contra Fujimori por homicidio, lesiones graves y secuestro. La Corte reconoció que los crímenes no pudieron haberse perpetrado sin el conocimiento y las órdenes de los niveles más altos del gobierno y las fuerzas militares.
Tras la muerte de Augusto Pinochet en 2006, se aprobó la teoría del autor inmediato, reconociendo la responsabilidad de Fujimori por los crímenes cometidos bajo su gobierno, aunque no fuera el ejecutor directo.
El juicio y los 16 años de prisión de Fujimori marcan un hito en la justicia latinoamericana. En un continente con una historia de violaciones de derechos humanos y gobiernos autoritarios, el hecho de que un exmandatario enfrentara consecuencias por sus actos representa un cambio importante en la lucha contra la impunidad.
Este proceso ha sido seguido por otros expresidentes peruanos sometidos a la justicia, como Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo, Alan García y Francisco Morales Bermúdez, involucrados en casos de corrupción y delitos de lesa humanidad. Incluso la actual presidenta Dina Boluarte enfrentará juicio al final de su mandato.
Aunque aún es una minoría, el hecho de que expresidentes hayan sido condenados y que la justicia peruana haya actuado en estos casos muestra un avance significativo. Perú está demostrando que su sistema judicial puede estar por encima de otros en América Latina, donde persisten grandes casos de corrupción y violaciones de derechos humanos sin justicia.
El gobierno de Alberto Fujimori dejó una profunda marca en Perú, tanto por sus reformas económicas como por la violencia con la que intentó restaurar el orden, incluyendo la ruptura de las instituciones.
Su caso expone la importancia de la evaluación de los mandatarios para la justicia, la protección de los derechos humanos y la impunidad, así como el logro de la justicia por someter a los altos mandos del gobierno.
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