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Coordinadora de contenidos y proyectos en Estudios Sociales de Colombia
La historia de la educación superior en Colombia durante el siglo XX estuvo marcada por un proceso de expansión, diversificación y fragmentación, como destaca Martha Cecilia Herrera en su análisis sobre el sistema educativo latinoamericano. Estos fenómenos transformaron profundamente el modelo universitario colombiano, que experimentó significativos cambios en su estructura, políticas y alcance social.
A comienzos del siglo XX, el sistema universitario colombiano contaba con ocho universidades, entre ellas la Universidad Nacional, fundada en 1867, y tres universidades regionales de carácter oficial: Antioquia, Cauca y Cartagena. También existían algunas instituciones privadas de inspiración liberal, como el Externado de Derecho, la Universidad Republicana y la Universidad Libre. Estas universidades operaban con una estructura poco homogénea y mantenían un acceso limitado por factores sociales y económicos.
La expansión de la educación superior comenzó con una serie de reformas impulsadas por el gobierno liberal entre 1930 y 1946. La Ley 68 de 1935 reformó la Universidad Nacional, consolidándose como una institución pública y laica y estableciendo un modelo universitario basado en la unificación de las facultades y la creación de una Ciudad Universitaria en Bogotá.
Esta ley sentó las bases para una educación moderna orientada al desarrollo científico, incluyendo la creación de institutos de investigación, la renovación de los contenidos académicos y el establecimiento de un estatuto para los profesores universitarios. Así, la Universidad Nacional se convirtió en un modelo de universidad estatal y alcanzó un papel prominente al reunir, en 1946, cerca del 50% de la población estudiantil del país.
Durante este periodo, también surgieron nuevas instituciones como la Pontificia Universidad Javeriana, reabierta en 1931 (tras la expulsión de los jesuitas), y la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín en 1936, reflejando un resurgimiento de la educación superior con el apoyo del clero.
Además, el Decreto 227 de 1933 extendió la reforma a los centros de educación femenina, facilitando la emisión de títulos de bachiller para permitir el acceso a la universidad. También fue relevante la creación de la Escuela Normal Superior en 1936, dedicada a la formación de docentes y directivos, lo que marcó un cambio significativo al permitir el acceso de las mujeres a la educación superior.
En la segunda mitad del siglo XX, el sistema de educación superior en Colombia continuó su expansión en respuesta a la creciente demanda educativa impulsada por la urbanización y el desarrollo económico. La década de 1970 presenció una diversificación de las disciplinas, con el surgimiento de nuevas carreras en ciencias sociales, odontología, arquitectura y psicología. A su vez, se fomentó el crecimiento de instituciones privadas y la participación femenina en el ámbito educativo, lo que propició una mayor apertura del sistema.
El contexto de la época, caracterizado por movimientos estudiantiles que criticaban el enfoque tecnocrático y empresarial de la educación, impulsó debates sobre el rol de la universidad en la sociedad.
Estos movimientos exigían una universidad más inclusiva y comprometida con el cambio social, oponiéndose a un modelo centrado únicamente en el capital humano y la producción de profesionales para el mercado. Esta oposición derivó en una serie de reformas a finales de los años 70 y principios de los 80, aunque sin lograr un consenso total sobre el modelo de universidad deseado.
El Decreto 080 de 1980 reorganizó el sistema de educación superior en Colombia, estableciendo distintos niveles de educación postsecundaria: técnico profesional, tecnológico, universitario y de posgrado.
Esta medida buscaba estructurar el sistema y fomentar la investigación en las universidades, así como mejorar la calidad académica y regular las instituciones privadas. Sin embargo, el sector privado continuó creciendo rápidamente, especialmente en carreras de bajo costo y en modalidades nocturnas, debido a la insuficiente capacidad del sector público para absorber la demanda.
La Constitución de 1991 marcó un punto crucial en la educación superior, otorgando a las universidades mayor autonomía para manejar sus políticas internas, programas académicos y finanzas. La educación se consagró como un derecho fundamental, promoviendo una mayor equidad en el acceso.
Sin embargo, esta ampliación de derechos coincidió con la implementación de políticas neoliberales y de apertura económica, que impactaron negativamente el financiamiento de la educación pública. Las universidades se enfrentaron a problemas de presupuesto y a una creciente dependencia del sector privado para cubrir la demanda educativa.
Uno de los problemas más críticos que enfrentan las universidades públicas en Colombia, incluida la Universidad de Antioquia (UdeA), es el desfinanciamiento estructural derivado de la Ley 30 de 1992. Esta ley estableció que las transferencias de fondos por parte de la Nación y las entidades territoriales a las universidades crecerían únicamente de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde 1993.
Sin embargo, los costos operativos y de infraestructura han crecido a un ritmo mucho más acelerado que la inflación, lo que ha resultado en un déficit persistente. Según el artículo de Francisco Cortés Rodas, para 2023, la UdeA reportó un déficit de $348.095 millones, lo que refleja una falta de recursos significativos para cubrir sus necesidades operativas. Este déficit no es un fenómeno aislado, sino parte de un problema generalizado en las universidades públicas colombianas, donde el desfinanciamiento ha alcanzado niveles críticos.
El desfinanciamiento se ha agravado debido a nuevas obligaciones legales impuestas por leyes, decretos y sentencias judiciales entre 1992 y 2011, que han incrementado los costos sin un aumento proporcional del financiamiento estatal.
Esto incluye la cualificación docente, el aumento de la investigación, los compromisos con la calidad y la expansión de la cobertura estudiantil. Por ejemplo, la matrícula de la UdeA creció de 17.687 estudiantes en 1994 a 39.872 en 2024, lo que ha incrementado significativamente la demanda de recursos.
Otro aspecto crítico señalado es la precarización laboral de los profesores en las universidades públicas. En la UdeA, el 60% de los profesores son de cátedra, lo que implica contratos temporales y falta de estabilidad laboral.
Esto no solo afecta la calidad de la enseñanza, sino que también incrementa los costos administrativos y operativos debido a la alta rotación y a la necesidad de contratar constantemente personal temporal.
Mauricio Alviar, exrector de la UdeA y actual secretario de Educación de Antioquia, ha atribuido parte del déficit a los aumentos en los puntos salariales de los profesores, generados por sus cualificaciones académicas y productividad investigativa.
Sin embargo, Francisco Cortés Rodas argumenta que la verdadera causa es la falta de financiamiento estatal adecuado, no la productividad de los profesores. Este debate refleja la tensión entre la necesidad de reconocer y recompensar la excelencia académica y las limitaciones presupuestarias impuestas por la Ley 30.
El desfinanciamiento estructural de las universidades públicas en Colombia, ejemplificado por la situación de la Universidad de Antioquia, es un reflejo de políticas estatales que no han logrado adaptar el financiamiento universitario al crecimiento real de los costos y las demandas educativas.
La Ley 30 de 1992, con su enfoque en mantener los fondos ajustados únicamente por la inflación, ha resultado insuficiente para cubrir las nuevas obligaciones legales y el aumento de la matrícula.
Además, la precarización laboral de los profesores y la dependencia de contratos temporales han exacerbado los problemas financieros, creando un ciclo de inestabilidad que afecta la calidad de la educación y la investigación. Las propuestas de austeridad, aunque buscan aliviar el déficit, no solucionan el problema fundamental de la falta de inversión estatal adecuada en la educación pública.
Para enfrentar estos desafíos, es esencial que el Estado colombiano reevalúe y reforme las políticas de financiamiento universitario, garantizando una asignación de recursos que refleje las necesidades reales de las instituciones educativas.
Solo así se podrá asegurar una educación superior de calidad, accesible y sostenible, que contribuya efectivamente al desarrollo social y económico del país.
En resumen, la crisis de financiamiento en las universidades públicas colombianas es una consecuencia directa de políticas de desinversión estatal y de la falta de adaptación de los presupuestos universitarios a las crecientes demandas operativas y académicas.
Resolver este problema requiere un enfoque integral que combine reformas legislativas, aumento de la inversión pública y una gestión administrativa eficiente.
Diana Soto Arango. “Aproximación histórica a la universidad colombiana. Los estudios superiores en el periodo colonial”.
Francisco Cortés Rodas. La Universidad de Antioquia se hunde en la crisis del desfinanciamiento estructural, disponible en: https://www.udea.edu.co/wps/portal/udea/web/inicio/udea-noticias/udea-noticia/!ut/p/z0/fY8xD4IwEIX_igsjaUWsOhIHE-PgYAx0MRda5RTugBbiz7foYFxcLvcu33t5J7TIhSYY8QYemaAOutDqst5sk3mWyoNUqZKZOqbLVbJbnM5S7IX-D4QEvHedzoQumbx9epG33HuoB2MhkuB-VcWN_ezTnBF7LBFcJN9uQsMT9T1zixS6BpxwtL1DA87EQOGBbkCIq4GMjY11VySg4GnQkmfRPnTxAqvaaU4!/
Martha Cecilia Herrera. “La educación superior en el siglo XX” en Credencial Historia N°. 154, 2002. Disponible en: https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-154/la-educacion-superior-en-el-siglo-xx
John Wilson Osorio & Jorge Ossa. “Notas para la historia de la universidad colombiana,
al cierre del siglo XX” en Uni-pluri/versidad, Vol.1, 2, 2001.
Vol.1 No.2, 2001.
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