Shara Naranjo
Coordinadora de contenidos y proyectos en Estudios Sociales de Colombia
El poblamiento de los páramos en Colombia ha sido un proceso histórico caracterizado por profundas transformaciones tanto en los ecosistemas como en las comunidades locales. Desde finales del siglo XIX, la demanda de materias primas y la violencia política impulsaron a numerosas familias campesinas a migrar hacia tierras altas, consideradas “vacías”.
Este proceso estuvo ligado a presiones urbanas, el auge de la quina, la demanda de productos como papas y madera, la expansión ganadera y los conflictos políticos. Así, las familias campesinas, en su calidad de colonos, abrieron estas tierras montañosas a las actividades agropecuarias.
En la década de 1920, las políticas estatales de colonización favorecieron la ocupación de terrenos a menudo inapropiados para estas actividades, lo que llevó a graves consecuencias como deforestación, erosión del suelo y alteración del ciclo hídrico, afectando la biodiversidad de los páramos. Aunque las prácticas agrícolas tenían como objetivo mejorar las condiciones de vida, los impactos sobre el medio ambiente fueron notables.
Otras actividades económicas en zonas de páramo es la minería, en algunas regiones se trata de extracciones de materiales de cantera la construcción, en otros espacios la presencia de oro y otros metales preciosos han generado la expansión de las concesiones mineras y las actividades informales de explotación de estos ecosistemas.
Tan solo en el año 2002 se aumentó en un millón de hectáreas las zonas con concesiones mineras llegando a las 8.5 millones de hectáreas en 2009. Durante las primeras décadas del siglo XXI la política del gobierno nacional fue la identificación de áreas de prospectiva minera y el otorgamiento de concesiones entre los que se encuentran grandes conglomerados globales de explotación minera que entraron rápidamente en confrontación con la minería local.
Entre los principales retos que se tienen es la falta de delimitación de ecosistemas de especial protección, la incapacidad institucional de ejercer inspección, vigilancia y control sobre las actividades mineras y la falta de alternativas económicas a quienes tradicionalmente se han servido de los páramos en actividades como la agricultura, la ganadería y la minería.
Los conflictos ambientales atraviesan toda la zona de páramos y ecosistemas andinos por todo el país, van desde los generados por la minería del cobre en Antioquia hasta los conflictos por la agricultura y la minería del oro en los páramos de El Almorzadero y Santurbán entre Boyacá y Santander.
Por estas tensiones y problemas irresueltos, los pequeños mineros han cerrado las principales vías del país, exigiendo la regularización de sus actividades. El gobierno se encuentra ante el desafío de encontrar un equilibrio sostenible entre las actividades económicas y tradicionales, y la conservación ambiental.
Una vez más, se evidencia la dificultad por aplicar las transiciones ambientales y al mismo tiempo, la escasez de agua en el país señala las motivaciones para que el Gobierno Nacional porte una bandera por el medio ambiente ¿Logrará equilibrar esta balanza?